Por Edgardo Mocca para Revista DebateLa discusión política central en la Argentina de hoy gira en torno a la cuestión del Estado. Por momentos, el centro parece trasladarse al terreno ético: se fija la mirada en el modo de vida y en el patrimonio de determinados funcionarios. En otras circunstancias se enfoca la cuestión de los derechos humanos y sociales en su relación con las prestaciones que suministra el Estado: aparecen así los problemas del transporte, el acceso a la vivienda, la calidad medioambiental de la vida, el derecho a la protesta, entre muchos otros. La derecha mediático-política se empeña en construir un mapa interpretativo que enfrenta a la “gente” con el Estado. Está claro que el filo no apunta al Estado en abstracto y en general sino a “este Estado”, a este gobierno. El Estado existe, se dice, para asegurar derechos; la democracia es, exclusivamente, un sistema de derechos.
Todo esto tiene, hay que decirlo, una apariencia encomiable. Especialmente en un país en el que hemos asistido y sufrido los atropellos más terribles que pueda cometer un Estado. El Estado argentino ha sido depredador de recursos, vaciador de la economía, perseguidor durante décadas de mayorías políticas populares y llegó a ejercer el terror sistemático contra su propia población. Poner al Estado en el banquillo de los acusados es entonces una práctica discursiva atractiva y rendidora. El problema es la perspectiva desde la que se la esgrime. Durante estos días, el lamento principal se dirige a defender los “derechos humanos” de la gente que quiere comprar dólares. Se ha llegado a escuchar, aunque parezca mentira, que las restricciones en bancos y casas de cambio significan una conculcación del derecho constitucional a “entrar y salir del territorio argentino”; curiosa afirmación que podría incluir entre los privados de ese derecho a muchos millones de personas cuyos ingresos no alcanzan para permitirse viajes al exterior. Para garantizar ese derecho constitucional el Estado debería pagar pasaje y estadía a todo quien lo pidiera al lugar que lo pidiera. Está claro que la idea es tomar de rehenes a quienes sufren los inconvenientes del control en lo que constituye un claro conflicto que tiene naturaleza económica y proyecciones políticas. Se trata de definir en el curso de una lucha esencialmente política si el Estado tiene capacidad para defender el valor de la moneda nacional y sus propias arcas, en el contexto de una crítica circunstancia mundial, o los grandes poderes económicos logran torcerle el brazo e imponer de facto las condiciones para un regreso al paradigma de la plena libertad de los mercados.






